Carta al Consejo Administrativo de la UP

Panamá, 27 de Agosto de 2012

Señores
MIEMBROS DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
Universidad de Panamá
Despacho.

REF: Aclaración del informe de Asesoría Jurídica

Como ya había recibido copia del informe de la Dirección de Asesoría Jurídica
ordenada por el Consejo Académico, muy amablemente hago algunas
aclaraciones al Honorable Consejo Administrativo.

La dirección de Asesoría Jurídica dice: A nuestro juicio, el profesor RODRÍGUEZ
VALENCIA, debió someterse a la prueba psicotécnica aplicada.

En la mayoría de las Universidades, los laboratorios constituyen la columna
vertebral de grandes inventos, y los que allí trabajan son profesionales capacitados
a nivel de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado. A pesar de yo tener
estudios de Licenciatura en Matemática y Física, Especialización en Física, Maestría
en Física (créditos completos) de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá,
de haber trabajado 24 años en Matemática y Física en la República de Colombia y
haber permanecido en el laboratorio de Física de la Universidad de Panamá durante
8 años consecutivos, primero como profesor Asistente en Física y después como
profesor Especial I en Física, Sí me sometí a la prueba psicotécnica que realizó
Recursos Humanos para seleccionar al Técnico de dicho Laboratorio, como lo
hace constar la Directora de Recursos Humanos en su oficio DRH-RS-48-2012.
(Prueba 1).

Ningún profesional en Matemática o Física en su sano juicio se somete a una
evaluación de Matemática en donde la respuesta verdadera no aparece, y las
evaluadoras seleccionarán a los participantes mediante respuestas equivocadas.

Como la parte numérica de dicha evaluación psicotécnica estaba mal elaborada
y las evaluadoras no tenían ningún conocimiento de las operaciones básicas en
matemática, yo firme un documento donde dejaba constancia que me abstenía de
realizar la prueba psicotécnica de Matemática porque estaba mal elaborada y la
respuesta verdadera no aparecía en el listado de las respuestas. Si las evaluadoras
hubieran tenido un mínimo de conocimiento en Matemática no habrían dicho en
público:
1. Que entre las siguientes fracciones 3/7, 3/9 y 3/11, sólo 3/9 es
diferente a las otras dos.
2. Que 11+7/3 = 18/3= 6


3. Que 3+4*2 = 7*2=14

Cualquier persona que haya cursado, al menos, la primaria, sabe que el
denominador de una fracción significa las partes en que se divide la unidad, no
importando si el denominador es un número par, impar, primo, etc; y el numerador
las partes que se toman. En consecuencia, cada vez que se trata de fracción se mira
desde el punto de vista de lo que ella significa como fracción, y por lo tanto, las tres
fracciones son diferentes entre sí. Para el que tiene un mínimo de conocimiento en
matemática, sabe que 11+7/3 = 33/3+7/3 =40/3 = 13.3 y 3+4*2 = 3+8 =11.

La Directora de Recursos Humano dice que las evaluadoras siguieron los
instructivos. Todo Instructivo debe hacerse bajo una lógica o realidad determinada.
Si una persona, mediante un instructivo le solicita a un ingeniero civil que le
construya primero el techo de una casa antes que las columnas, seguro que esa
persona debe estar padeciendo un exagerado grado de locura.

En ese momento me quedaban dos alternativas:
1. Traicionar mi convicción como profesional aceptando como verdadera las
anteriores respuestas como hicieron los demás participantes para ganarme el
puesto de Técnico y vivir toda la vida con ese remordimiento como el de un
crimen a los ideales de mis padres y mis maestros, o
2. Abstenerme de participar en ella y denunciar oportunamente al Consejo
Académico todo ese esperpento.

Con esto quiero decir que todos los demás participantes fueron seleccionados a
sus cargos mediante respuestas equivocadas en matemática sugeridas por las
mismas evaluadoras, algo que amerita una investigación de fondo por la autoridad
competente.

Este esperpento fue el origen de mi denuncia al Consejo Académico mediante
cartas de fecha 13 de febrero de 2012 y 28 de marzo de 2012. (Prueba 2)

El Consejo Académico Ampliado en Reunión Extraordinaria N° 15-12
celebrado el 29 de marzo de 2012 recomendó a la profesora Manuela Foster
Vega investigar mi denuncia sobre la mala elaboración de dichas pruebas,
(Prueba 3). Tengo entendido que la profesora Manuela Foster Vega realizó
las investigaciones pertinentes y pasó un informe al Consejo Académico Ampliado,
(no lo conozco) porque de ese informe fue que se originó el pronunciamiento del
Consejo Administrativo N°5-12, que dice textualmente: Profesor Rodríguez:
Le comunico que, el Consejo Administrativo 5-12, celebrado el 18 de abril de
2012, aprobó que se exima de la prueba psicotécnica que se aplica en la Dirección
de Recursos Humanos al profesor César Rodríguez Valencia de la Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Igualmente, que se nombre como
Técnico de Laboratorio y que este examen no se utilice más hasta tanto se revisen
las fallas o se reemplace por otra. Atentamente, Dr. Miguel Ángel Candanedo,
(Prueba 3). En mi denuncia nunca le pedí al Consejo Académico Ampliado que
me nombrara como Técnico, pero el Consejo en su investigación reconoció que yo
tenía la razón, y haciendo justicia fue que me eximió de la prueba y me nombró
como Técnico sin yo habérselo solicitado, porque según Recursos Humanos yo no
calificaba para esa posición. Ese pronunciamiento no debió de ser suspendido si
el informe que pasó la profesora Manuela Foster Vega no fue cambiado, de ser
cambiado debieron autorizar nueva investigación.

El Consejo Administrativo N°7-12, celebrado el 16 de mayo de 2012, 6 días
después de haberme posesionado como Técnico dejó sin efecto el acuerdo 24
del Consejo Administrativo 5-12 hasta el pronunciamiento de la Dirección de
Asesoría Jurídica que nos ocupa, (Prueba 4). La denuncia que coloqué al Consejo
Académico sobre la mala elaboración de las pruebas psicotécnica que realiza
Recursos Humanos nunca fue enviada a la Dirección de Asesoría Jurídica, entonces,

¿Por qué suspendieron el pronunciamiento del Consejo Administrativo N°5-12
del 18 de abril de 2012 sabiendo que era un fallo a la investigación realizada?

Como ya la Dirección de Asesoría Jurídica rindió un informe,
¿Tiene alguna validez el pronunciamiento del Consejo Administrativo N°5-12 del
18 de abril de 2012 o la suspensión ahora es definitiva?

¿Se cambió el informe original que pasó la profesora Manuela Foster Vega?

A mi juicio:

1. Mi denuncia contra dichas evaluaciones fue legal y oportuna.
2. La investigación ordenada por el Consejo Administrativo fue legal y oportuna.
3. La disposición del Consejo Administrativo N° 5-12 celebrado el 18 de Abril de
2012 de prohibir dichas evaluaciones, eximirme de ella y nombrarme como
Técnico de Laboratorio fue el fallo de dicha investigación y es legal.
4. El contrato firmado por mí con la Universidad de Panamá como Técnico de
Laboratorio es legal, y debe surtir efecto como si yo hubiese realizado dicha
evaluación pero bien elaborada el viernes 10 de febrero de 2012.
5. La Universidad de Panamá por intermedio de Recursos Humanos es la
única institución en el mundo que somete a un profesor con estudios de
Licenciatura, Especialización y Maestría en Matemática y Física y 30 años de
experiencia docente en matemática y Física a una evaluación de matemática
mal elaborada bajo la potestad de una persona que no tenía conocimiento
de las operaciones matemáticas básicas ni de las propiedades de la suma y la
multiplicación.

Si alguno de los miembros del Honorable Consejo Administrativo, ahora, considera
que yo debí someterme a una evaluación psicotécnica de Matemática de esa
naturaleza para poder obtener el nombramiento como técnico del laboratorio de
Física que ayudé a reconstruir y permanecí en él durante 8 años consecutivos,
primero como Profesor Asistente y después como Profesor Especial 1, le hago
conocer que todavía me queda un poco de dignidad como persona y como
profesional, y algún día que el mundo se de cuenta de la clase de evaluación que
realiza Recursos Humanos a los administrativos de la Universidad de Panamá, no
me dará vergüenza haber pertenecido a ella.
En vista de todo lo que me ha ocurrido en la Universidad de Panamá desde el año
2005, cuando botaron mis papeles de reclasificación como profesor Asistente, y
viendo que Recursos Humanos, donde reposa toda la documentación de mi
trayectoria académica, en vez de educar, instruir, transmitir conocimientos y formar
hombres y mujeres del mañana, los estaba embruteciendo, opté por colocar una
demanda contra la Universidad de Panamá ante la Corte Suprema de Justicia,
por daños morales y económicos, bajo la orientación del Colegio Nacional de
Abogados de Panamá; pero, teniendo en cuenta el debido proceso, primero la
coloqué en el Consejo Académico, quien la remitió a la Dirección de Asesoría
Jurídica, cuyo pronunciamiento es el que nos ocupa.

Dejo constancia que yo soy el menos interesado en dañar la imagen de nuestra
Alma Máter, pero, cuando uno está seguro que sus derechos han sido violados,
debe solicitar justicia ante la autoridad competente. Infortunadamente, el
pronunciamiento del Consejo Administrativo N°5-12 donde hizo justicia con
relación a la Actitud de Recursos Humanos quedó si validez, por lo tanto, Recursos
Humanos sigue aplicando el mismo examen que me hicieron a mí, y que la justicia
ordinaria deberá solicitar como prueba en caso de que este problema llegue a los
estrados judiciales.

Por todo lo anterior, muy respetuosamente solicito al Honorable Consejo
Administrativo que emita un pronunciamiento sobre el caso que nos ocupa, y
evite que cualquier integrante de la Universidad de Panamá viole los derechos
fundamentales de los demás.

Atentamente,

CÉSAR RODRÍGUEZ VALENCIA
Cédula N° 5-11-111
C.C
Dr.Liborio García Correa
Colegio Nacional de Abogados de Panamá